La sobrerreacción de la presidenta Cristina Fernández tras ser imputada por presuntamente haber tratado de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra el centro comunitario israelita AMIA en Buenos Aires, sugiere que las cosas en Argentina se van a poner peor, antes de ponerse mejor.
Fernández, quien debe dejar la presidencia tras las elecciones de octubre, en las que no puede aspirar a un tercer mandato, dijo a través de sus voceros que los cargos formales presentados el viernes contra ella, el canciller Héctor Timerman y otros dos cercanos colaboradores, constituyen un intento de “golpe judicial” contra su gobierno.
En lugar de continuar con su estrategia anterior de tratar de minimizar las acusaciones diciendo que son jurídicamente insostenibles por falta de pruebas, la presidenta decidió redoblar la apuesta.
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, calificó la imputación como un acto de “golpismo judicial”, y el secretario presidencial Aníbal Fernández la denunció como “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”.
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