Si la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner quiere superar la crisis política que vive el país, tras la misteriosa muerte del fiscal que la había acusado de tratar de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra el centro comunitario AMIA de Buenos Aires, debería pedir una veeduría internacional de la investigación.
Hasta el momento de escribirse estas líneas, no lo ha hecho. La presidenta no ha solicitado ningun tipo de ayuda externa para darle un mínimo de credibilidad a la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que estaba a cargo de la causa AMIA, el atentado terrorista de hace dos decadas que dejó 85 muertos y 300 heridos.
Nisman fue encontrado muerto en su cuarto de baño con una pistola calibre .22 el fin de semana pasado, un día antes de que debía comparecer ante el Congreso para dar nuevas pruebas de su acusación contra Fernández y su canciller Hector Timerman. El fiscal los había acusado de haber conspirado con Irán para tratar de levantar las ordenes de captura internacionales contra los funcionarios iraníes sospechosos de haber perpetrado el atentado a la AMIA, a cambio de petróleo iraní.
A juzgar por la larga entrevista que Nisman dio al canal TN dias antes de su muerte y un correo electrónico que me envió el día de su muerte —en el que decía que “obviamente” le interesaba hacer una entrevista después de su testimonio ante el Congreso— Nisman estaba muy seguro de sí mismo y ansioso por declarar ante el Congreso. Incluso había dejado una lista de compras a su empleada doméstica para que fuera al supermercado al día siguiente.
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